
La política y la sociedad españolas amanecen revueltas este martes con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tres supuestos delitos en un caso de blanqueo de capitales, en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, situando a Zapatero como el primer expresidente de la democracia en ese país que declarará como imputado ante la Justicia el próximo 2 de junio.
El exlíder socialista, quien fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, rechazó en un video emitido este mismo martes su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, aunque se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia.
«Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra», aseveró.
En su auto, la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por «liderar» una trama de «tráfico de influencias». El juez que instruye el caso, José Luis Calama, sostiene que Zapatero y sus hijas han recibido cerca de dos millones de euros en comisiones.
Según la causa liderada por el juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, y que recogen hoy medios españoles, la aerolínea Plus Ultra habría usado los 53 millones de dinero público que recibió a modo de rescate durante la pandemia para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano, así como de la malversación de ayudas sociales del régimen chavista.
De acuerdo con medios españoles, junto a Zapatero también están siendo investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador de Zapatero), y un abogado de Madrid, entre otras personas.
En un panel transmitido por su canal de YouTube, el diario digital The Objective analizó la imputación al expresidente español y la calificó como «el principio del fin» de una trama que podría implicar al actual Gobierno de Pedro Sánchez.
En su intervención, el periodista Antonio Caño, quien fue director de El País entre 2014 y 2018, comentó que la Audiencia Nacional «no hubiera actuado contra un expresidente sin pruebas».
«Esto es inmanejable para el Gobierno (de Sánchez). Sólo tienen una salida: Demostrar que existe una confabulación derechista», añadió Caño en referencia al lema antifascista «No pasarán», que ha cobrado relevancia en redes sociales a raíz de la imputación judicial de Zapatero.
En opinión de Caño, lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Sánchez es «llamar a la calma y a la confianza, no decir ‘no pasarán’».
El destacado periodista afirmó que este caso «tiene mucho de anti Felipe González», en referencia al también expresidente español socialista que ha denunciado los nexos de Zapatero y del Gobierno de Sánchez con el chavismo.
«¿Qué queda de este partido socialista: a dónde nos ha llevado este viaje?», preguntó el exdirector de El País, uno de los medios españoles más prestigiosos y de perfil socialista.
Por su parte, el periodista Álvaro Nieto, autor del libro «Conexión Caracas-Moncloa», y en respuesta a la pregunta del panel de ¿qué puede hacer la oposición en estos momentos?, dijo categóricamente que se trata de un caso en el que la democracia española está «protegiéndose de una banda de delincuentes».
Para la periodista Ketty Garat, autora de «Todos los hombres de Sánchez», un libro de investigación sobre diversos casos de presunta corrupción del Gobierno español actual, la imputación de Zapatero es «el principio de una trama enorme con implicación internacional».
En el debate también se habló sobre el papel de Zapatero como negociador en Bruselas (del gobierno de Sánchez) y como «nexo» del mismo Gobierno con China.
«Están vendiendo España a una dictadura comunista….pasándole información clave», acotó un panelista.
¿Qué es Plus Ultra?
La empresa se define como «una aerolínea española que empezó a surcar los cielos en julio de 2015, y en junio de 2016 iniciamos nuestras operaciones de vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y ciudades latinoamericanas».
Según la web de Radio Televisión Española (RTVE), la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española se remonta a 2024.
En ese año, Suiza y Francia solicitaron cooperación. Ambos países estaban investigando una red de blanqueo ligada a Venezuela y pedían autorización para la entrada y registro en varios domicilios ubicados en territorio español. Las peticiones internacionales pusieron sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar si el uso que se le había dado a los 53 millones del rescate de la aerolínea durante la pandemia de covid-19 era legítimo.
El rescate fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el 9 de marzo de 2021 y constaba de dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.
Zapatero ha negado su vínculo con esta trama, en la que se le acusa por tráfico de influencias, aunque con respecto a Venezuela sí ha reconocido anteriormente que cobró dinero por asesoría al chavismo.
Este martes, agentes de la UDEF realizaron un registro en la oficina de Zapatero y otras tres oficinas mercantiles, entre ellas, Whathefav S.L., una agencia de comunicación y marketing cuyas administradoras y socias son sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa.

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