Sin reservas, querido Bob

El Tribunal Supremo español condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secreto, en un caso de filtración de datos confidenciales sobre el presunto fraude fiscal que involucra al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y activa opositora del actual poder Ejecutivo.
En su decisión dada a conocer este jueves a manera de adelanto, el Alto Tribunal impuso asimismo una multa de 7.200 euros a García Ortiz y además ordenó la indemnización con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por daño moral.
La decisión del Supremo español de llevar al banquillo de los acusados al fiscal general del Estado por filtrar información confidencial a los medios supone un hecho sin precedentes desde que se instauró la democracia en el país (1978), y ha puesto otra vez al presidente Pedro Sánchez en el punto de mira internacional, a la espera de un desenlace.
Según el auto del juez Ángel Hurtado, el fiscal general, nombrado en ese puesto en 2022 por el actual Gobierno, compartió con los medios de comunicación el contenido de un intercambio de correos electrónicos entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía regional.
En el correo electrónico filtrado, el abogado de González Amador ofreció a su cliente que admitiera dos cargos de fraude fiscal a cambio de un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, para evitar penas de cárcel.

Según se lee en el fallo, el Supremo se basó en el artículo 417 del Código Penal que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados…».

El juez que instruyó el caso afirmó que García Ortiz había borrado datos de sus dispositivos móviles durante la investigación, algo que calificó de «obstrucción a la justicia».
Desde que esto sucediera, el periódico El Mundo ha venido publicando de manera exclusiva los detalles de cómo se produjo la filtración.
De acuerdo con medios españoles, la filtración intencional cumplía el propósito de hacer escarnio público a la pareja de Ayuso, bajo supuestas indicaciones del presidente Sánchez.
La sentencia no se dio por unanimidad, sino por mayoría de cinco de los siete magistrados del Supremo.
Aunque se adelantó hoy, el fallo no supone una sentencia firme, pues está pendiente de redacción y se comunicará en los próximos días.
El Gobierno, por su parte, dijo al conocerse este fallo que próximamente nombrará a otro fiscal general del Estado.

Duro golpe para Pedro Sánchez

La sentencia del Supremo supone un duro golpe para el presidente del Ejecutivo y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, actualmente en el Gobierno), Pedro Sánchez.
España vive una fuerte crisis política por sonados casos de corrupción que rodean al entorno más cercano del presidente. Además, debido a la falta de apoyo en el Congreso, el Ejecutivo no logra conseguir la aprobación de un presupuesto general para poder gobernar, lo que aumenta la falta de credibilidad de un político que llegó al poder sin ganar las elecciones por votos, aunque formó Gobierno ayudado por una coalición de partidos independentistas regionales.
En junio pasado, Sánchez pidió perdón a la ciudadanía por la «enorme decepción» que según dijo sufrió al revelarse audios del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los que salen a relucir cómo personas de su confianza cobraban comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
En una comparecencia en la sede del PSOE en Madrid, Sánchez pidió la dimisión de su secretario de Organización, Santos Cerdán, el principal encartado en la investigación de la Guardia Civil.
Además de esto, están en marcha dos procesos judiciales paralelos que le tocan de cerca: el caso de un presunto tráfico de influencias de su esposa, Begoña Gómez, y el de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, también por tráfico de influencias y prevaricación.
Sin embargo, hasta el momento, Sánchez ha descartado su dimisión como presidente y aseguró que no convocará a elecciones generales, que no las habrá hasta 2027 cuando toca en el calendario.